Menemismo: megaminería y contaminación

Las denuncias sobre la megaminería y la Barrick Gold que expone mi película Tierra sublevada/Oro impuro desataron la ira del gobernador de San Juan que, ante cada presentación del film en las provincias, mandó sus camionetas con sus involucrados intentando ensuciar los estrenos, pero siempre recibieron el repudio de los asistentes. José Luis Gioja me retó a un debate público en televisión, pero dos veces faltó a la cita y envió a su hermano –el senador César Gioja– que, con abierta desfachatez y cinismo, negó mis denuncias sobre la devastación ambiental y el saqueo que está produciendo la explotación que ellos defienden. Desde sus medios sanjuaninos, el gobernador minero lanzó una campaña queriendo demostrar que yo estaba contra la minería y, siendo diputado en los años ’90, había votado las leyes mineras que él impulsara. Pero fui un consecuente opositor a todas ellas, con la única excepción de haber aprobado en la Comisión de Recursos Naturales el anteproyecto de Protección Ambiental Minera (Nº 24.585/95 e introducida al Código de Minería). Ninguno imaginaba los estragos que produciría la megaminería y no se había puesto en marcha ninguno de sus yacimientos. Meses después, me opuse y no lo voté en el recinto cuando se lo convirtió en ley.

Vale la pena recordar las trayectorias: al comienzo de los ’90, los hermanos Gioja eran operadores de Menem y agentes de la Barrick Gold, con la misión de facilitar el desembarco de la megaminería en la Argentina y poder asociarse comercialmente a ella. Eran los tiempos en que yo denunciaba a Menem como jefe de una banda de delincuentes que estaba rematando el patrimonio, Y.P.F. y los recursos, mientras sus “compañeros” me perseguían con juicios y amenazas y me agredían con seis tiros en mis piernas. Se vivía la derrota y el festín de las privatizaciones: “el país está de rodillas” –justificaba el ministro Dromi, “robo para la Corona”, advertía J. L. Manzano–, mientras se oía decir en el Congreso que los portafolios con dólares se distribuían en los despachos. El proyecto minero era financiado por el Banco Mundial como en otros 70 países con grandes reservas metalíferas. El entonces diputado José Luis Gioja era uno de los más leales levantamanos de Menem, que votó todas las leyes privatizadoras del modelo y lo instaló en la presidencia de la Comisión de Minería de Diputados para impulsar el paquete de leyes que le dictaban las corporaciones. César Gioja fue la cabeza visible de Santa Gema Bentonita, la empresa familiar que fundaron para abastecer a la Barrick Gold.

Yo ingresé a la Cámara de Diputados el 10/12/93 y ejercí mi mandato hasta el 10/12/97. Desde la Comisión de Energía encabecé el movimiento que impidió la privatización de Yacyretá, Salto Grande y la CNEA; en la Comisión de Recursos Naturales detuvimos la privatización de los parques nacionales que impulsaba María Julia Alsogaray; en la Constituyente de Santa Fe fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos que redactó el artículo 41 de protección ambiental, pero no juré la Constitución: legitimaba el modelo neoliberal y establecía la provincialización de los recursos del subsuelo (art 124). Las primeras leyes mineras se votaron en 1993, antes de que yo asumiera como diputado. La más importante fue la de Inversiones Mineras Nº 24.196/93, que fijó el marco general de las demás y sigue siendo uno de los mayores ejemplos de la voluntad antinacional de Menem y José Luis Gioja: las mineras gozan de estabilidad fiscal por 30 años; están exentas del pago de cualquier tipo de impuesto nacional, provincial y municipal, al cheque y al gasoil; deducen de ganancias todas sus inversiones e importan libremente insumos y bienes de capital. Como la tasa de ingresos no les resultaba suficiente, Jose Luis Gioja impulsó la ley Nº 25.161/99, a fin de deducir del 3 por ciento de regalías todos los costos operativos a partir de la boca de mina: molienda, refinación, transporte y seguro hasta puerto de destino y así las provincias comenzaron a recibir un mísero 1 al 1,5 por ciento.

Sin control público alguno y a simple declaración jurada, los megayacimientos exportan sumas millonarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre que a valores de hoy son u$s 2000 millones aproximadamente; el complejo Veladero-Pascua Lama producirá aún más. Lo que les cuesta contestar a los Gioja es ¿por qué con tanta riqueza las provincias mineras –igual que las petroleras– siguen en la pobreza y están con déficit fiscales que las obligan a endeudarse? Recordemos que la minería es el único sector de la producción que exporta sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y son premiadas con reintegros del Estado que van del 2,5 al 7,5 por ciento de sus exportaciones. El método es más eficaz que el viejo colonialismo de Potosí porque ahora les pagamos para que se lleven todo. ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tolerar tanto despojo?

A tres décadas de la dictadura y a una del gobierno Menem, muchas de sus leyes siguen vigentes:, la de Entidades Financieras (Martínez de Hoz, Nº 21.526/77), la Reforma del Estado (Nº 23.696/89); Provincialización y Privatización de los Hidrocarburos (Nº 24.145/91); Leyes Mineras de Gioja y tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno (29/12/97). Este último es un caso inédito en la historia contemporánea: crea un tercer territorio a lo largo de la cordillera de los Andes y en la zona fronteriza de 100 km de ancho, donde las corporaciones gozan de soberanía, aduana y aeropuertos propios. Es allí donde está una de las mayores reservas de agua potable del continente amenazada por la acción de la megaminería. El reciente veto de la Presidenta a la Ley de los Glaciares que impulsara la Barrick Gold con los hermanos Gioja es un ejemplo de la irresponsable sumisión de la Nación al dictamen de las transnacionales. Es imperioso acabar con el modelo de saqueo y corrupción que nos dejaron. Los legisladores debemos asumir el compromiso patriótico –como acto de reparación al pueblo– de impulsar desde el Congreso varias medidas: prohibir la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas, investigar la contaminación que produce la megaminería y exigir la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno.

Bajo el lema “el agua vale más que el oro”, la histórica movilización de las poblaciones y asambleas ciudadanas de siete provincias abrió el camino al lograr que sus legislaturas prohibieran la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. El dominio impune de la Barrick, Bajo de la Alumbrera, junto al de los Gioja, Beder Herrera y Brizuela del Moral comenzó su cuenta regresiva.