Hay que resguardar la libertad de expresión de los ciudadanos

El nuevo frente de conflicto abierto por la cancelación de la licencia de FIBERTEL, permite plantear el postergado debate sobre la democratización de las redes informáticas y la telefonía celular. Proyecto Sur viene sosteniendo la necesidad de regulación y control público del inmenso espacio de los medios audiovisuales y las redes informáticas. Se trata de resguardar la libertad de expresión de los ciudadanos y su derecho a la información verdadera, objetiva, plural y oportuna, evitando la monopolización de los espacios radiales, televisivos e informáticos. La cancelación de la licencia de Fibertel obliga a más de un millón de usuarios a cambiar compulsivamente de servidor, favoreciendo el monopolio de las dos telefónicas extranjeras (Telefónica/Telecom) . Detrás de la medida, se esconde el designio kirchnerista de seguir construyendo un nuevo grupo mediático, al que suma los medios estatales puestos al servicio del partido gobernante. La sola existencia de Fibertel y de los operadores de telefonía celular tampoco es garantía de democratización. El decreto 764, del año 2000, establece un conjunto de regulaciones de las que ningún gobierno quiso hacerse cargo para garantizar al usuario el acceso universal a Internet y a la telefonía celular con una tarifa regulada. La falta de regulación fue en detrimento de los sectores de menores ingresos, que han terminado pagando tres veces más cara la tarifa telefónica. El minuto por celular a tarjeta -el más usado por estos sectores- cuesta tres a cuatro veces más que el celular con abono. La misma escandalosa desigualdad se da en el uso de la garrafa: quienes menos tienen pagan veinte veces más que el gas natural. La caducidad de la licencia Fibertel debe dejarse sin efecto hasta tanto se vote una ley de telecomunicaciones que regule las redes informáticas y la telefonía celular, declarándolas un servicio público.